Incineración con recuperación de energía

La incineración con recuperación de energía ya no forma parte del debate político y ecológico en los países europeos más desarrollados. Sus beneficios ambientales han sido reconocidos por una gran parte de los colectivos sociales, incluidos determinados movimientos ecologistas tales como  Los Verdes de Alemania, que han visto en sus productos finales, energía eléctrica y calor, el auténtico valor de los residuos que no pueden ser sometidos a reciclado.

En el año 2008 se incineraron en la Unión Europea 69 millones de toneladas de residuos urbanos (RU) en más de 400 instalaciones, proporcionando electricidad a 13 millones de habitantes y calor a otros 12 millones. Una producción energética que ha sido calificada de renovable, tanto por la Directiva de Residuos 2009/28/CE como por el nuevo Plan de Acción Nacional de Energías Renovables de España 2010-2020, y con la que se ha logrado sustituir en Europa entre 7 y 38 millones de toneladas de combustibles fósiles (gas natural, fuel y carbón), constituyendo al mismo tiempo el tratamiento finalista con menos impacto, además de una herramienta de interés para la lucha contra el cambio climático.

Objeto de la normativa más rigurosa del sector industrial

Los grupos que han intentado denostar la valorización energética de la fracción resto han tomado como referencia las incineradoras de antaño, para las que apenas existían limitaciones legales, no estando supeditadas a los rigurosos controles de los niveles de emisión, tal y como acontece actualmente.

Durante los últimos años ha emergido una estricta legislación ambiental que pone en el punto de mira a las incineradoras, aplicando a éstas la normativa más estricta. Tanto es así, que a día de hoy este tipo de plantas son, en el marco del sector industrial, las más vigiladas en sus aspectos medioambientales, lo que garantiza un funcionamiento totalmente respetuoso con el entorno y la salud pública.

Esto ha traído como consecuencia que las viejas instalaciones hayan tenido que adaptarse a los cánones tecnológicos actuales, llevando a cabo importantes inversiones para acomodarse a las nuevas exigencias, a las que también se han supeditado, como no podía ser de otra forma, las de reciente construcción.

Así, y a pesar del empeño de algunos por “acreditar” con métodos “científicos”, y a través de estudios diseñados ad hoc, los efectos perjudiciales de las incineradoras sobre la salud, éstos no han podido ser probados. Es más, en un comunicado emitido por la Comisión Europea en noviembre de 2010 (Wasteincineratorhealthrisks: no evidencefortoxic metal build-up. EuropeanCommissión DG Env, 11 November 2010), ésta reconocía que médicos e investigadores de salud pública no habían hallado pruebas del incremento de los niveles de metales en adultos que vivían en el entorno de incineradoras recién construidas, después de dos años de funcionamiento.

 En este sentido, cabría señalar que las emisiones de dioxinas y furanos de las incineradoras europeas suponen, conforme a los inventarios nacionales, el 0,07 por ciento del total de emisiones de estas sustancias. Las altas temperaturas de combustión, superiores a los 850ºC, complementadas con potentes y novedosos sistemas de depuración de gases, hacen posible que todos los parámetros se sitúen en valores muy inferiores a los permitidos, con la particularidad de que las plantas modernas actúan de forma global como sumideros de dioxinas, no como generadoras.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido la incineración como “un método higiénico para reducir el peso y el volumen de los residuos que también reduce su potencial contaminante” y como “una de las estrategias que pueden emplearse para asegurar que los residuos se manejan de una forma ambientalmente sostenible”, concluyendo que “debido a esto, es técnicamente posible ubicar las incineradoras cerca de áreas densamente pobladas”.

Los países más desarrollados, a la cabeza en incineración

Según datos publicados por Eurostat, en el entorno comunitario, como media, un 23 por ciento  de los desechos urbanos producidos se destinan a reciclaje, un 17 por ciento a compostaje, un 20 por ciento a incineración y un 40 por ciento a vertedero. Entre los países calificados como “más avanzados”, podría mencionarse el caso de Dinamarca, con un índice de incineración del 54 por ciento,  Suecia, con un 49 por ciento, Holanda, con un 39 por ciento, Alemania, con un 35 por ciento y Austria, con un 27 por ciento.

La valorización energética ha crecido en Europa en torno a un 60 por ciento en un período de 12 años; no obstante, lejos de suponer un retroceso para el reciclaje, como algunos apuntan, éste ha aumentado considerablemente. Conclusión: los países más desarrollados y distinguidos por su conciencia ambiental, son los que más incineran, pero también los que más reciclan, con unas cotas de recuperación situadas entre el 48 y el 24 por ciento. Ello ha hecho posible, además, que estos Estados hayan conseguido disminuir en gran medida el porcentaje de vertido, moviéndose en unos índices situados entre el 1 y el 4 por ciento.

España, lejos de seguir los pasos de la mayor parte de los países europeos, ha incrementado en 8 kg per cápita los residuos desviados a vertedero, pasando de los 319 kg por habitante en 1997 a los 327 en el 2007. Con un 14 por ciento de reciclado, un 20 por ciento de compostaje y un 9 por ciento de incineración (cuenta con 10 plantas de valorización energética en funcionamiento), su tasa de vertido se sitúa en el 57 por ciento. No obstante, y aunque tímidamente, la incineración ha subido peldaños durante los últimos años, al pasar de los 24 kg por habitante en 1995 a los 58 kg en el 2007, lo que se traduce en un alza del 142 por ciento.

La nueva Directiva Marco de Residuos fija como objetivo para 2020 que el 50 por ciento de los desechos municipales sean sometidos a reutilización y reciclado, debiendo pasar la gestión de la fracción resto o rechazo por la valorización energética. En consecuencia, incineración, compostaje y reciclaje se erigen como soluciones complementarias y nunca excluyentes.

Los Verdes de Alemania, defensores de la incineración

En una conferencia pronunciada en el Congreso Nacional de Medio Ambiente 2010 (CONAMA), el Doctor Michael Weltzin, asesor científico del grupo parlamentario de Los Verdes en Alemania, quienes llevan más de 25 años en el Parlamento, formando parte del gobierno entre 1998 y 2005, analizó en su discurso, y de forma pormenorizada, las alternativas existentes para la gestión de los residuos, contemplando, entre otras, el vertedero, la pirólisis, el tratamiento mecánico-biológico y la incineración.

Respecto al vertedero convencional, al que calificó como “caja negra”, enumeró una serie de problemas irreparables de carácter ambiental tales como la generación de metano y otros compuestos nocivos, así como la contaminación de acuíferos subterráneos y la necesidad de una vigilancia intensiva durante generaciones. En cuanto al vertedero con recuperación de metano, manifestó que éste constituye una forma práctica aplicable sólo a vertederos antiguos, permitiendo recuperar como máximo un 50 por ciento de gas, no resolviendo tampoco los inconvenientes de los lixiviados ni el peligro de contaminación, a lo que habría que añadir los altos costes de seguridad.

Respecto a otras alternativas como la pirólisis y la gasificación, apuntó que las experiencias llevadas a cabo en Alemania no tuvieron el éxito deseado por sus pobres resultados y elevados costes, mientras que el inconveniente del tratamiento biológico-mecánico reside en el escaso mercado para el producto obtenido (compost), siendo necesario el depósito en vertedero. Una tecnología que, a su parecer, podría visualizarse como una solución intermedia.

En relación a la incineración, confirmó que se trata de un sistema probado y contrastado durante muchos años, enfatizando su bajísimo impacto ambiental cuando se utilizan instalaciones con la mejor tecnología disponible. Expuso, además, que la recuperación de electricidad y calor, así como las bajas emisiones, constituyen unos importantes beneficios a tener en cuenta, con la particularidad de que, dado que la normativa obliga a los fabricantes a priorizar la elaboración de productos con bajo contenido en compuestos tóxicos (por ejemplo, metales pesados), esto implica que las emisiones en las incineradoras serán todavía más bajas en el futuro.

Como muestra de la evolución tecnológica y la repercusión que tiene en la emisión de sustancias nocivas, baste decir que en Alemania, por cada 100.000 toneladas incineradas en 1990, se emitían 210 toneladas de óxidos nitrosos, 410 de anhídrido sulfuroso, 180 kg de cadmio, 130 kg de mercurio y 6 gramos de dioxinas. A día de hoy, estas emisiones se han reducido para la misma cantidad de toneladas incineradas, quedando en 36 toneladas de óxidos nitrosos, 0,9 toneladas de anhídrido sulfuroso, 1,2 kg de cadmio, 1,2 kg de mercurio y 3 miligramos de dioxinas.

Evitar la generación de residuos junto con ambiciosas cuotas de reciclaje tienen que ser elementos fundamentales en la política de residuos, aunque no son suficientes para resolver todos los problemas relacionados con los desechos municipales. Y lo dicen Los Verdes, que en los años 80 estaban totalmente en contra de la incineración debido a las bajas exigencias respecto a las emisiones, en particular las dioxinas, reconociendo, en la década de los 90, que las emisiones de metano de los vertederos constituían un serie problema sobre el calentamiento global, lo que les ha llevado a aceptar en la actualidad que la incineración con bajas emisiones debe constituir una parte en el tratamiento de los residuos.

En este escenario, y tras numerosos estudios e investigaciones en la materia, cabría concluir que la incineración con recuperación de energía es una forma de valorización que se integra en la jerarquía de gestión de residuos que establece el marco normativo europeo, y que comienza por la prevención, seguida por la preparación para la reutilización, el reciclado, otro tipo de valorización, como es el caso de la energética, y la eliminación a través de vertido, la opción menos deseable. Sólo así, dice la UE, se podrá garantizar una gestión sostenible que tenga en cuenta la vertiente ambiental, económica y social.